¿Por qué el mundo no reconocería un Estado catalán?

                                    Uno de los objetivos de Carles Puigdemont al firmar ayer la declaración de independencia es conseguir que la comunidad internacional reconozca a Cataluña como un Estado soberano, con capacidad para negociar con España de igual a igual. Pero como pone de manifiesto un informe jurídico sobre Cataluña y el Derecho Internacional realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, esta aspiración no se ajusta a los principios legales establecidos por Naciones Unidas:


                                    Vulneración de la legalidad interna e inexistencia de un derecho de secesión. El primer principio del derecho internacional vulnerado por la proclamación de independencia de Cataluña es el respeto a la legislación interna de un país miembro de Naciones Unidas. En este caso, España, cuya Constitución establece en su artículo 1 que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no reconoce el derecho a la secesión de ninguno de sus territorios.


                                    Lejos de ser una anomalía, casi ninguna Constitución del mundo —con la excepción de Etiopía, Liechtensetin y San Cristóbal y Nieves— reconoce el derecho a la secesión. Incluso los países más descentralizados han negado a sus territorios cualquier aspiración de independencia. Uno de los casos más famosos es el Texas vs White de 1868, por el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la secesión de los Estados del sur durante la Guerra Civil fue ilegal, una doctrina que desde entonces ha ratificado varias veces. Más reciente, de principios de 2017, es la sentencia del Constitucional alemán que niega a Baviera el derecho a celebrar un referéndum de independencia.


                                    Uno de los ejemplos más citados por los catalanes es el referéndum de independencia de Escocia. Pero éste fue resultado directo de un acuerdo entre los Gobiernos británico y escocés, pues la isla no dispone de Constitución propia. En otro de los casos más mencionados, el de Canadá, el fallo unánime del Tribunal Supremo en 1998 establecía que la independencia de Quebec hubiera requerido de una reforma constitucional.


                                    Por último, el referéndum del 1-O, con el que se pretende legitimar la independencia de Cataluña no cumple con los estándares mínimos democráticos, como ya reconoció incluso el grupo de observadores internacionales traído por la Generalitat.


                                    Ruptura del principio de unidad territorial. Otro de los fundamentos básicos del derecho internacional es el principio de integridad territorial de los Estados. Así lo recordaba la Asamblea General de Naciones Unidas tras el referéndum de independencia de Crimea, apoyado por Rusia, cuando exhortaba a todos los Estados de que "se abstengan de cometer actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de Ucrania".


                                    Inaplicabilidad del derecho de libre determinación. Frente a estos preceptos, la Generalitat invoca el principio de libre determinación o derecho a decidir. Pero se debe tener en cuenta que este derecho se introdujo en 1970, en pleno proceso de descolonización, y afecta sólo a los territorios que sufren una dominación colonial, hayan sido invadidos militarmente o cuyos pueblos estén oprimidos por una violación masiva de sus derechos.


                                    La comparación con los últimos países que se han acogido a este derecho muestra que Cataluña está lejos de cualquiera de estos supuestos. Así, la secesión de Sudán del Sur llegó tras un violento conflicto tribal con Sudán que dejó miles de muertos. En el caso de Kosovo, al que se hacia referencia velada en la Ley catalana de Referéndum, influyó decisivamente la anterior invasión militar yugoslava. Pero ni tan siquiera este precedente ha conseguido que el nuevo Estado haya conseguido el reconocimiento unánime de la comunidad internacional. La guerra de los Balcanes explica también los procesos de independencia de Montenegro o Eslovenia. A este último aludía el pasado lunes Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT, obviando los más de 60 muertos generados por los enfrentamientos que siguieron a la declaración.


                                    Por último, la Asamblea General de Naciones Unidas también ha establecido que el derecho de libre determinación está limitado por el principio de "integridad territorial de los Estados soberanos".


                                    Necesidad de reconocimiento por parte del resto de países. Además de declarar formalmente su independencia, el derecho internacional establece que un nuevo Estado necesita cumplir con una serie de requisitos -territorio, población y capacidad efectiva de gobierno propio- y ser reconocido como tal por el resto de países, para establecer relaciones diplomáticas. Pero cuando esta declaración se realizó de manera unilateral e ilegal, como sucedió en 2008 con Abjasia y Osetia del Sur respecto a Georgia, la recomendación de la ONU a los países miembros era que "se abstengan de cualquier acto u operación que pudiera interpretarse como un reconocimiento del estatuto modificado".


                                    Esto ha provocado que estos territorios únicamente sean reconocidos como Estado por unos pocos países. Si se repite esta situación ante una eventual secesión catalana, permanecerían cerradas las puertas para que Cataluña acceda a la condición de país miembro de la Unión Europea y la Asamblea de Naciones Unidas.


                                    erp

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