Ordenan cárcel preventiva para Ollanta Humala y su esposa

Un juez ordenó el jueves enviar a prisión preventiva por 18 meses al expresidente peruano Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia mientras son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.

De este modo Humala, un militar retirado del ejército de 55 años, se convertirá en el segundo exmandatario peruano tras las rejas. El expresidente Alberto Fujimori, que gobernó el país de 1990 a 2000, está en una cárcel de Lima donde cumple una sentencia de 25 años por los delitos de asesinato y corrupción.

El magistrado Richard Concepción dijo desde una sala judicial que el peligro de fuga de la pareja se intensificó y existe un alto grado de que puedan eludir a la justicia y obstruyan las pruebas. Concepción ordenó en febrero la cárcel preventiva para otro expresidente, Alejandro Toledo (2001-2006), quien vive en Estados Unidos y aún no ha sido extraditado.

En esta foto de archivo del 16 de febrero de 2017, el presidente peruano Ollanta Humana saluda a la prensa cuando llega con su esposa, Nadine Heredia, a la ceremonia de cierre de un evento de negocios en Paracas, Perú. Un juez decidirá el jueves 13 de julio de 2017 si hace lugar al pedido de un fiscal para dictar la prisión preventiva por 18 meses de Humala y su esposa por supuesto lavado de dinero y corrupción relacionados con las contribuciones a su campaña de la gigante brasileña Odebrecht. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

La pareja _que durante el periodo de gobierno de Humala (2011-2016) fue considerada la más poderosa de Perú_ debe ser internada de inmediato en una cárcel por 18 meses, añadió el juez. Hasta el momento no se ha determinado a qué prisión serán enviados.

Humala y Heredia, de 41 años, no asistieron a la sala judicial y esperaron el resultado de la decisión en su domicilio, como lo permite la ley. Poco después del pronunciamiento del juez la pareja salió en una camioneta rumbo a dicha sala, adonde llegó rodeada de vehículos policiales que los custodiaban en medio de arengas de unas dos decenas de simpatizantes.

Ambos escribieron en sus cuentas oficiales de Twitter durante su traslado al juzgado.

“Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos”, escribió Humala.

Por su parte, Heredia dio las “gracias a los que no sentencian antes de tiempo y que creen en la inocencia hasta que existan pruebas en contra. HOY no han sido presentadas”.

Daniel Abugattas, un exlegislador que abandonó el partido político de la pareja por divergencias, comentó a la radio local RPP que la cárcel se encargará de “resucitar” políticamente al desgastado partido humalista que, tras diversos líos internos durante la gestión de Humala, ahora no posee ningún legislador en el actual parlamento unicameral.

Ollanta Humala tiene actualmente un hermano menor en la cárcel llamado Antauro, un exmilitar del ejército de 54 años condenado a 19 años de prisión tras un fallido intento de golpe de Estado en 2005 en contra de Toledo en el que murieron seis personas.

La pareja, que tiene tres hijos menores de edad, todavía no ha sido acusada formalmente por el fiscal Germán Juárez que los investiga desde hace más de dos años.

El fiscal pidió encarcelar a la pareja y los acusó de lavar activos tras las campañas presidenciales de 2006 y 2011, y sostuvo que recibieron “dinero de fuente ilícita, la metieron al circuito económico, le dieron apariencia de legalidad con aportantes falsos”.

Juárez explicó que ambos recibieron dinero público de Venezuela para la campaña de 2006 en la que Humala perdió. En 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero que habría estado destinado a corromper funcionarios y obtener licitaciones, agregó el fiscal. Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró en abril que entregó tres millones de dólares para la campaña de Humala.

Éste ha negado haber recibido contribuciones de empresas brasileñas para sus campañas presidenciales. En Perú recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.

En diciembre Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Toledo, Alan García y Humala entre 2001 y 2016.

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